El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, afirmó esta mañana que "los huelguistas no pueden anteponer el interés corporativo al interés general, es importante que reflexionen sobre lo que están haciendo. Tenemos que cumplir lo que dijo la Justicia del Trabajo, que declaró ilegal a la huelga".
La presidenta Rousseff había reiterado ayer sus críticas contra los paros que pueden afectar al público que irá a los estadios y dijo que era "fundamental que la gente tenga derecho a gozar de esta gran fiesta que comienza esta semana".
En tanto, el secretario de Transportes de la gobernación de San Pablo, Jurandir Fernándes, manifestó hoy que espera la "normalización" del servicio y anunció que 60 trabajadores fueron despedidos, según reseñó la agencia ANSA.
"Por deber de oficio estamos despidiendo por justa causa a unas seis decenas de funcionarios, son aquellos que realizaron actos criminales y vandalismo", reseñó.
Los trabajadores en huelga se manifestaron esta madrugada ante la estación Ana Rosa e intentaron bloquear el tránsito por una importante calle aledaña con hogueras de basura y madera, reportó la agencia Efe.
Los agentes del Batallón de Choque de la Policía Militarizada del Estado de San Pablo dispersaron a los manifestantes.
El tráfico permaneció bloqueado hasta que los bomberos apagaron los focos de fuego y recogieron el material que ardía en medio de la calle.
La Policía detuvo a 70 empleados del subte de San Pablo que participaban en la manifestación, aunque luego fueron puestos en libertad sin cargos, según el presidente del Sindicato de Trabajadores del Subte, Altino Prazeres.
La Policía también usó gases lacrimógenos para dispersar a un grupo de estudiantes que pretendía juntarse con los huelguistas para manifestar su apoyo a los paros.
Los trabajadores del subte decidieron ayer mantener por tiempo indefinido la huelga, que comenzó el pasado jueves, a pesar de que la Justicia de Trabajo la declaró ilegal por considerarla "abusiva".
Tras la decisión judicial, el Gobierno del Estado de San Pablo anunció hoy el despido de varios trabajadores que se negaron a regresar a sus puestos de trabajo pese a la declaración de ilegal de la huelga.
El gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, también ordenó el envío de refuerzos policiales a todas las estaciones de subte para garantizar la seguridad de los empleados dispuestos a acatar la orden judicial y normalizar sus actividades.
Pese a la huelga, dos de las cinco líneas del subte operaban hoy con cierta normalidad en tanto que en las otras tres los trenes circulaban pero no todas las estaciones estaban abiertas.
El Tribunal Regional de Trabajo (TRT) también determinó que el sindicato pague una multa de 500.000 reales (unos 222.120 dólares) diarios en caso de que mantenga la paralización.
El tribunal, en una audiencia de conciliación, fijó un incremento salarial del 8,7 por ciento por parte del metro de San Pablo, gestionado por el Gobierno regional, frente al 12,2 que reclama el sindicato.
"Tenemos un Mundial, el mayor evento deportivo del mundo. El Gobierno del Estado tiene elecciones al final del año (octubre), tiene que negociar. Tenemos que enfrentar al Gobierno", afirmó el presidente del Sindicato al justificar la decisión de mantener la paralización, aseguró Télam en su portal on line.