A su vez, expresan que los menores fueron liberados sólo mediante las presiones hechas por distintas organizaciones sociales, previo además a que un médico del Juzgado de Menores constate que ambos padecían lesiones físicas provocadas por las fuerzas policiales.
La Asamblea explicó en un comunicado subtitulado como “No toleraremos más la represión, criminalización, torturas y vejaciones a los sectores populares”, que en el mediodía del sábado 24 de enero, una “supuesta persecución desembocó en un nuevo procedimiento violento”, y detalla que luego de ingresar por la fuerza y sin ninguna orden en varias viviendas del barrio, se detuvieron a ocho personas, estando entre ellas una niña de 14 años y uno de 15.
Todos ellos quedaron detenidos en la Comisaría 12, estando los menores entre 4 y 6 horas, “quedando de esta manera en evidencia la ilegalidad constante en la que se manejan las fuerzas de seguridad”.
En cuant o a los demás detenidos que también mencionaron apremios ilegales sufridos, dos fueron puestos en libertad. Uno era un vendedor ambulante, y el otro una persona que se encontraba durmiendo cuando irrumpieron en su vivienda. “Los otros cuatro continuaban detenidos hasta las últimas horas de la tarde del sábado sin novedades de una probable liberación. Ante esta situación es imprescindible destacar el accionar cómplice de la fiscal Juliana González, que permitió que una de las personas detenidas, mujer y madre de la niña liberada, permanezca arrestada bajo la figura de 'resistencia a la autoridad'”, afirman.
En nombre de la Asamblea afirman que “este procedimiento es otro más de una estrategia sistemática que arremete contra las barriadas populares de Rosario” y que “no se trata de un hecho aislado, sino que esta historia comienza a repetirse en distintos puntos de la ciudad”. Denuncian así que las fuerzas de seguridad utilizan hechos menores para avanzar con “su accionar represivo” e ir de esta manera “contra los derechos de los ciudadanos de los barrios populares”.
“De esta forma, este sector social continúa siendo víctima del Estado en sus tres niveles. Víctimas de la falta de políticas para la vida, y víctimas de los aparatos represivos que continúan aplicando prácticas que van contra los Derechos Humanos”, sentenciaron.
Por último apuntan contra el Ministerio de Seguridad provincial como gran responable: “Responsabilizamos por este hecho, y por cada uno de los que ocurren casi a diario, al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, con quien además exigimos se brinde una audiencia urgente para analizar la situación por la cual está atravesando la ciudad”.