El detonante de la organización fue la desaparición y presunto asesinato de los estudiantes rurales de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre último, que según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron detenidos por policías de Iguala, por orden del entonces intendente José Luis Abarca, y luego entregados al cartel Guerreros Unidos, que se supone los asesinó e hizo desaparecer.
Cuando los miembros de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) llegaron a Iguala para forzar la búsqueda de los 43 normalistas se encontraron con una población atemorizada, debido a la gran cantidad de víctimas, y los incitaron a organizarse.
Los hallazgos en esos días de varias fosas con restos óseos, que fueron dejadas de lado porque eran previas al episodio de los estudiantes de Ayotzinapa fue determinante para que unos cuántos vencieran el miedo y comenzaran a organizarse en el Frente Igualteco por la Dignidad y el Respeto a la Vida, informó Télam.
Lenta y progresivamente comenzó a confeccionarse un padrón de víctimas de la violencia en Iguala, en una actividad que tiene como epicentro la Parroquia de San Gerardo, a pocas cuadras del zócalo igualteco.
El 22 de octubre, los miembros de la familia Vergara, declarados apolíticos, participaron en una marcha: ¿Sólo hay justicia para desapariciones masivas?, rezaba el cartel que llevaron. Ahí se les pegaron otras cuatro familias y nació un comité gracias al cual existe hoy un registro de 235 desaparecidos y se han hallado los restos de 39 cuerpos.
A esas 39 restos de personas hallados por los familiares hay que sumarle los 28 ubicados en las primeras fosas excavadas por el gobierno estatal, donde luego fueron encontrados dos cuerpos más.
Los testimonios indican que las desapariciones comenzaron a crecer de gran manera desde la llegada al poder de José Luis Abarca (del izquierdista Partido de la Revolución Democrática). Hasta el pasado 12 de enero, la PGR tenía un listado de 235 casos.