A dos meses del salvaje linchamiento a David Moreira en barrio Azcuénaga, tras un robo y luego de la marcha que hicieron este jueves los familiares del chico asesinado, desde el Ministerio Público de la Acusación sostienen que “dos meses en una causa no es mucho, menos en una tan compleja como ésta”. “Se hicieron muchas pruebas, hay varias en trámite y otras tantas por realizarse”, confesó una fuente de la causa.
Ayer, los familiares renovaron su reclamo por el esclarecimiento del crimen con una marcha hasta Tribunales, mientras su representante legal aseguró que “se avanzó muy poco en la investigación”.
Sin embargo, los voceros judiciales prefieren no hacer públicos todos los detalles de la causa “para no entorpecer las medidas probatorias”, pero sí destacan que “hay un trabajo en conjunto y serio” que incluye a la Fiscalía Regional, a la policía rosarina y la Policía Federal.
Así, una fuente detalló que localizaron imágenes en las redes sociales, recibieron el testimonio de todos los vecinos de la cuadra y que analizaron las llamadas que ingresaron al 911 al momento de la agresión, registrada un sábado a la tarde.
Todos los que alertaron por el ataque a los servicios de emergencias prestaron declaración ante el fiscal Florentino Malaponte y, según detallaron, “hay testimonios que no coinciden con la grabación de la llamada al 911”, lo que podría comprometer a los testigos que ocultan datos y dejarlos al borde del delito de encubrimiento.
Lo que sí admitieron en Tribunales es que los intentos que realizó la Policía Federal para lograr mejorar la imagen del video subido a YouTube con el objetivo de identificar a los agresores no tuvieron los resultados deseados. De todos modos, advirtieron que “hay un segundo intento a nivel privado”.
Actualmente no hay ninguna persona imputada como autor material del hecho, pero señalan que “eso no significa que no haya investigados”. En ese sentido, la pista más firme está puesta en un grupo de jóvenes que se juntaba frecuentemente en la zona y dejó de hacerlo tras el hecho.
Inclusive, varios efectivos realizaron un procedimiento a partir de una orden judicial en el cual interceptaron a grupos, los requisaron y les secuestraron teléfonos celulares que están siendo peritados en busca de mayores precisiones sobre el linchamiento.
Por último, las fuentes consultadas recordaron que las pruebas aportadas por anónimos son aceptadas, que aún siguen recibiendo datos y remarcaron que “no hay ningún atraso en la investigación”, como reclamaron desde el entorno de Moreira.