Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, es director y editor del semanario comunitario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo del estado oriental de Veracruz. Fue secuestrado de su casa la noche del viernes 2 de enero, provocando protestas en México y la reacción de centenares de periodistas, que firmaron una petición a las autoridades municipales y a Enrique Peña Nieto para que realicen medidas urgentes por su liberación.
De acuerdo a la organización de Periodistas de Pie, según informó La Gran Época, el periodista José Moisés Sánchez Cerezo denunció a través de su periódico impreso y en Internet “principalmente la corrupción de las autoridades municipales, de accidentes viales, los vacíos de poder y las quejas ciudadanas de la zona como el robo de cobre, así como las muertes violentas que se han vuelto cotidianas en los recientes meses”.
Según informó Télam, "hasta el momento se realizan un caudal de diligencias ministeriales, que personalmente constató que se lleven a cabo de manera transparente y pulcra", habría dicho el fiscal que investiga la causa, que añadió que como resultado de las gestiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un juez ordenó la detención de 13 policías municipales de Medellín y se cuenta "ahora con un plazo de 30 días para continuar investigándolos".
En tanto, aseguró que de encontrarle responsabilidad al presidente municipal de Medellín, Omar Cruz, se actuará conforme a derecho y se llevarán a cabo las acciones correspondientes, pues se trata de un alcalde que cuenta con fuero constitucional, indicó la agencia Efe.
Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la fiscalía que ejerza su facultad de atracción para investigar y perseguir los delitos cometidos contra la libertad de expresión en el caso de la desaparición del también activista Moisés Sánchez.
La CNDH explicó que hizo la petición mediante un oficio dirigido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los familiares del agraviado presentaron la denuncia en la fiscalía de Veracruz.
Según su testimonio, el viernes 2 de enero un grupo de desconocidos armados y vestidos de civil irrumpieron en su casa y se llevaron por la fuerza al periodista, así como su computadora, cámara fotográfica y teléfono.
El organismo explicó que, según la denuncia, se desprende "la participación de servidores públicos municipales" y "el temor fundado de la pérdida de la vida o de afectación de la integridad de quien realiza actividades periodísticas y ejerce su derecho a la libertad de expresión".
La fiscalía informó que la PGR dio inicio a una investigación para colaborar en las investigaciones del caso y que "ambas instancias se coordinarán para lograr el esclarecimiento de los hechos".
México es considerado como el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer la labor periodística y uno de los mayores a nivel mundial.