La discusión político?jurídica que planteó el gobierno provincial esta semana no es del todo desatinada, pero vuelve a aparecer como un recurso en el que la problemática de la narcocriminalidad es ubicada a un costado de las responsabilidades de gestión y de políticas públicas. Es claro que el principal problema del narcotráfico en la región no son los abogados penalistas que defienden siempre a los mismos grupos delictivos. Desde el comienzo es sabido que hay que tener estómago para dedicarse al derecho penal y tratar o lidiar cotidianamente con los personajes que tienen conflicto con la ley. También es claro que los abogados se transforman prácticamente en asesores de estos delincuentes organizados y con gran poder de recursos. Pero es hilar muy fino en una problemática que, antes que nada, tiene a la policía como co?administradora de la mayor parte de los delitos, incluido el narcotráfico.
Los debates pueden darse y siempre son enriquecedores, pero antes está lo más grueso de cada problemática. Por ejemplo, determinar si era un policía en actividad el que diez días atrás manejaba un camión de gran porte con una tonelada y media de marihuana decomisada en Arroyo Leyes, muy cerquita de Santa Fe. Determinar también si la comisario de San José del Rincón encontró a otros policías en la escena del camión y que ahora teme hablar de cómo fue realmente el procedimiento.
El gobierno argumenta permanentemente que no protege a ningún policía y que cada irregularidad que detecta, el agente es pasado a disponibilidad. Es un paso adelante, pero ya no es suficiente. El tema sería encontrar un camino eficaz que permita demostrar en la práctica que la policía está cambiando y que puede dar una respuesta concreta, no para solucionar, pero sí para poner un freno a la ola delictiva.
Los policías corruptos y delincuentes también tienen buenos abogados. Sólo basta ver el caso del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, que es representado por un prestigioso jurista del fuero local, profesor de la UNR y que no debe ser precisamente económico en sus honorarios. Un doctor que estuvo participando activamente del debate planteado en torno a la ética de los abogados penalistas. Por lo menos tuvo la delicadeza de ser honesto en sus opiniones y sostener que el que está manchado es el dinero, no el abogado que lo recibe por su trabajo.
Muchas veces los cuestionados abogados defensores de delincuentes triunfan por los agujeros que dejan los procedimientos procesales. Ahora la policía está corrida de estas investigaciones y son los fiscales los que encabezan los procedimientos. Pero esta nueva estructura creada a partir de la reforma del Código Procesal Penal en Santa Fe ya se encuentra un tanto desbordada en cantidad de casos y muchos de los jóvenes fiscales son sobrepasados por la experiencia de mañeros policías que han sabido encontrar los huecos del nuevo proceso. Por ejemplo, aún algunos fiscales comunican a la seccional correspondiente la excarcelación de un detenido. Ahí es donde se detectó que muchos policías han llegado a coimear a la familia del preso para después darles una libertad que ya tenían decidida por la justicia.
También hubo policías que vendieron su vigilancia a búnkers como protección y para luego poner sobre aviso a los delincuentes cuándo llegaba la orden definitiva para los allanamientos. Hay muchos recursos legales que le dejan dinero a la policía corrupta.
El gobernador Antonio Bonfatti se esmera para descomprimir un poco la situación y habla permanentemente del flagelo mundial del narcotráfico, de los valores perdidos en la familia y de la resolución violenta de los conflictos interpersonales. No falta a la verdad, pero esas conceptualizaciones son precisamente globales, para todos. Pero sin embargo son Rosario y Santa Fe los que permanecen al tope de cuanta estadística criminal se difunda.
La decisión política es concreta y se verá reflejada en un aumento presupuestario que pone al área Seguridad por primera vez en el segundo lugar de las partidas, sólo detrás de Educación en el presupuesto provincial. Pero sería toda una novedad de parte de la administración reconocer que aún no se pudo poner un freno a la violencia cotidiana, sobre todo en los violentos delitos comunes, desarrollado por delincuentes que tienen más desesperación que dinero para pagar caros e inescrupulosos abogados defensores.
Debates soterrados
La Municipalidad de Rosario volvió a la carga con sus proyectos de cocheras subterráneas. Descartada la posibilidad de perforar la plaza San Martín (por la ola de rechazos que generó la propuesta), el expediente regresó al Concejo proponiendo agujerear la Plaza del Foro frente a los tribunales provinciales y un sector del Parque España.
Es curioso porque tanto el municipio como algunos concejales y el propio Elías Soso en representación de los comerciantes locales creen advertir que el principal problema hoy de la sustentabilidad en el tránsito de Rosario son los escasos espacios para estacionar.
Si los que tienen que sancionar ordenanzas se dieran una vuelta por las cocheras más concurridas del centro de Rosario, notarían con estupor que jamás hay colapso y que aún en horas pico se encuentran lugares para dejar el auto. No se acepta o no se ve que lo que los automovilistas quieren en realidad es encontrar lugar para estacionar gratis en la calle o pagando unas pocas monedas del estacionamiento medido. El problema no es la falta espacio, el verdadero inconveniente es el volumen inaudito de autos ingresando todos los días y a toda hora a la zona céntrica de la ciudad. Quien esté dispuesto a pagar 20 pesos la hora de estacionamiento, jamás tendrá inconveniente para dejar el auto en pleno centro y en horario pico.
La mera observación de la avenida Belgrano todas las mañanas de lunes a viernes dan una idea del tema. La ancha avenida se ha transformado en el estacionamiento a cielo abierto más grande de la ciudad. Ahí no hay estacionamiento medido y muchos aceptan caminar hasta cuatro o cinco cuadras para llegar a su trabajo o al lugar cercano al que se dirigen.
La ecuación no es muy complicada y apareció un titular días pasados resumiéndola correctamente: 700 mil vehículos para una una ciudad con algo menos de 1 millón de habitantes. El único camino verdadero es optimizar el transporte público, no facilitar la llegada de los autos a las zonas conflictivas. Algunas vez los comerciantes comprenderán que no sólo los automovilistas son potenciales compradores.