Por: Germán de los Santos | Cruz del Sur
El 67 por ciento de las causas iniciadas en la Justicia Federal de Rosario son por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, es decir, por delitos vinculados al narcotráfico. Pero gran parte de esos expedientes tiene como protagonistas a lo que comúnmente se encuadra como perejiles: el 35 por ciento (808 casos) son por tenencia de sustancias prohibidas. Estos datos están dentro de un informe anual que elaboró la Procuraduría de Narcocriminalidad, cuyo titular Felix Crous admitió falencias en torno a la persecución de los verdaderos peces gordos del narcotráfico.
La difusión del informe coincidió con la llegada de dos mil efectivos de las fuerzas de seguridad a Rosario el 9 de abril pasado. Según fuentes de la Justicia federal, desde que arribaron los gendarmes y prefectos se iniciaron dos causas en ese fuero. Los dos detenidos eran jóvenes que los atraparon en la calle con marihuana.
“Creo que para que este panorama cambie habría que hacer muchas reformas. Por empezar, despenalizar la tenencia para consumo. Aunque ya esté despenalizada de hecho, y por más de que los consumidores sean luego sobreseídos, la apertura de estas causas insume un enorme esfuerzo, horas de trabajo, recursos invertidos muchas veces porque la policía detiene a un chico que está fumando un porro en la plaza”, apunta Crous.
En 2012 en Rosario se iniciaron en los tribunales federales 3380 causas. De ese total, 2283 (67 por ciento) están encuadradas en delitos vinculados al tráfico y tenencia de droga. La comparación con las causas por contrabando –en el que se manejan grandes cantidades de estupefacientes– es irrisoria. En el edificio de calle Oroño se abrieron sólo 5 causas en un año, lo que representa el 0,2 por ciento de los expedientes que se investigan en el fuero federal.
Rosario es el segundo distrito después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde más causas se iniciaron por comercialización de estupefacientes. En 2012 se caratularon bajo el artículo 5º de la ley 13.737 unas 1284 causas, que representan el 56,2 por ciento.
A nivel país las proporciones son similares. El 38 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737) son por tenencia para consumo personal.
El informe indica que 9414 de un total de 24.599 causas se iniciaron en 2012 por infracción al artículo 14 de la ley, que establece penas de un mes a dos años de prisión cuando “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia [de droga] es para uso personal”.
Es decir, que en la mayoría de las causas por droga se persigue a los consumidores. Cabe aclarar que la ley sostiene que, si se comprueba que la tenencia es para consumo personal, el juez puede “dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su rehabilitación”.
En segundo lugar están las causas por comercio de drogas, que representan el 35 por ciento del total. Luego le siguen otros delitos como el almacenamiento y el transporte. En tanto, sólo en un 3 por ciento de las causas se investiga el delito de contrabando de estupefacientes (Art. 866 - Código Aduanero).
Según el informe, de la totalidad de causas iniciadas por estupefacientes en el año 2012, un 67% tuvo su origen en la intervención de alguna fuerza de seguridad. “Sin embargo, en base a un análisis de otra información registrada en el sistema y a entrevistas con fiscales de distintas jurisdicciones, estimamos que la proporción real represente muy probablemente un valor cercano al 80%”, indica el estudio.
“Este tipo de causas casi siempre son iniciadas por las fuerzas de seguridad. Se persigue a consumidores de menor entidad, no a los grandes narcos. Esto explica una parte del fenómeno”, dijo Crous.
Los números sobre causas iniciadas por violación a la Ley 23.737 forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en base a todas las causas registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué pasa en cada lugar
En el informe también se revela que las jurisdicciones federales con mayor proporción de causas abiertas por violación a la ley de estupefacientes con respecto a las causas iniciadas por otros delitos son Rosario, con un 67,5%, Córdoba (66,4%), Mendoza (64,1%) y Resistencia (61,4%).
Por otra parte, en Mendoza, el 60,7 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la Ley 23.737 son por tenencia para consumo personal. En Córdoba representan el 52%, en Resistencia el 51% y en la ciudad de Buenos Aires el 41%.
La jurisdicción con mayor proporción de causas iniciadas por comercio de estupefacientes es Corrientes, mientras que las ciudades en donde se abrió una mayor cantidad de causas por contrabando son Posadas y Buenos Aires. En la primera el contrabando se investiga en el 14% de las causas iniciadas por violación a la ley de drogas. En la segunda, en el 7,8%.
La desfederalización de la ley de drogas es uno de los temas que volvieron a estar presentes en la agenda política y mediática, desde donde se planteó preocupación por el avance del narcotráfico en el país.
La Ley 26.052, sancionada en agosto de 2005, determinó que la persecución de ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes dejara de ser de competencia exclusivamente federal. Así, se facultó a las provincias, mediante una ley de adhesión, para perseguir, juzgar y reprimir los casos en los que la cantidad de droga involucrada fuera escasa.
Tres provincias implementaron efectivamente la ley 26.052: Buenos Aires, Córdoba, y Salta. Para la Procunar, esto derivó en “una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves”. “Desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente”, sostiene el informe.
“La desfederalización imposibilita una política de persecución penal unificada. La experiencia demostró que no dio resultados”, señaló Crous. Y añadió: “La provincia de Buenos Aires no es una prueba piloto, tiene casi la mitad de las causas de drogas de todo el país”.
“Lo que se genera es una distorsión de la realidad, porque por querer probar la eficiencia de la desfederalización se fuerzan muchos hechos. A veces se tilda de narcomenudeo a casos que son tenencia simple, o al contrario, a causas mucho más grandes, todo para que queden dentro de la competencia provincial”, explicó Crous.
El informe destaca que se ha verificado que tanto en el ámbito de la Justicia Provincial, en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las jurisdicciones federales del país se ha dado “un incremento exponencial en la persecución de las conductas de tenencia simple y tenencia para consumo personal”.
También señala que “la merma en la cantidad de causas iniciadas por las figuras más graves en la Ley de Estupefacientes, no se debe a una menor cantidad de estupefacientes en circulación en la provincia de Buenos Aires, sino a un debilitamiento de las posibilidades de intervención de la justicia federal”.