La década del 2003 al 2013 esta signada por la consolidación de la inseguridad como problema público central y sección fija en los medios, de esta forma el Sociólogo Gabriel Kessler caracteriza el momento coyuntural en la Argentina.
En su libro “El sentimiento de inseguridad” establece que las imágenes del delito actualmente se organizan en torno a dos ejes. El primero, que se caracteriza por ser cambiante, basado en la repentina aparición, la difusión y el rápido olvido de formas de delito novedosas como pudieron ser los secuestros exprés o lo motochorros más recientemente. Y el segundo, que mantiene una estabilidad consolidada en la imagen de la nueva delincuencia, por la figura de los pibes chorros.
Fuera de los relatos mediáticos que abarcan todo, dentro del maleable concepto de inseguridad, sin discriminar ni establecer relación alguna. Se hace necesario aclarar y demarcar con mayor precisión el estado de situación, para lo cual se puede recurrir al informe realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aborda los casos de delitos dolosos dentro de las jurisdicciones del Conurbano, La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El estudio sostiene que en el año 2012 existieron 995 víctimas de homicidios dolosos, lo cual da como resultado una tasa de 6,93% cada 100 mil habitantes. Si se compara con los países del continente es un promedio bajo teniendo en cuenta que Medellín posee un 33,8%; San Pablo un 11,18%, Santiago de Chile un 9,59% y Montevideo un 6,4%, según informó accesoglobal.info.
Por otra parte mientras los medios señalan como principal causante de los homicidios al robo, el informe mencionado da cuenta de que el principal móvil de este tipo de crímenes son las enemistades, reyertas, venganzas o ajustes de cuentas. Las agresiones comprendidas en la primera categoría representan el 26% en CiudadAutónoma, el 32% en el Conurbano Bonaerense y el 16% en La Plata. Por contraste los números aumentan considerablemente cuando se toman los motivos agrupados en la segunda categoría, ascendiendo de esta manera al 39% en la Ciudad Autónoma, al 41% en el Conurbano y al 48% en La Plata.
La tendencia de las cifras mencionadas coincide con la conceptualización que el sociólogo Javier Auyero y la maestra María Fernanda Berti señalan en su libro “La violencia en los márgenes”, donde se refieren a la cadena de violencia como el encadenamiento de distintos tipos de agresiones físicas, usualmente pensados como fenómenos apartados y analíticamente distintos, que se vinculan y responden unos a otros, como en el caso de un intento de violación seguido por un linchamiento, o en el de un ajuste de cuentas entre vendedores y consumidores seguido por una pelea entre hermanos, o un intento de robo seguido por una paliza a un hijo.
Un caso especial es el de la Ciudad de Rosario donde el promedio de crímenes dolosos supera ampliamente la media nacional. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Rosario en 2013 arrojó que a lo largo de ese año se produjeron en la ciudad 278 homicidios, lo que da como resultado una tasa del 21%. El estudio también releva la forma en que aumentó la cantidad de delitos de este tipo partiendo del año 2005 con 108 muertes, únicamente se registró una disminución en el año 2006 cuando existieron 90 homicidios. Además, sobre el total de crímenes por esta causa, la mayoría de las víctimas se trata de varones entre los 16 y los 35 años de edad. Finalmente la cifra que de alguna forma cierra el círculo es la que marca que el 50% de los crímenes no son esclarecidos.
Enrique Font, titular de la catedra de Criminología en la Universidad de Rosario, aclara que no se puede decir que los homicidios estén vinculados netamente al narcotráfico, sino que una gran cantidad resulta de jóvenes marginales que construyen su identidad a través de la violencia, accediendo a las armas y con una policía e instituciones muy desprestigiadas.
Siguiendo el análisis del delito, el poder judicial es un actor no menor en este marco de situación. Un informe reciente de la Procuraduría de Narcocriminalidad dio a conocer un cuadro estadístico que mide el ingreso y egreso del sistema judicial por infracciones a la ley federal de drogas. Los números indican que sobre un total de 24.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público, un 38% están destinadas a perseguir a quienes han sido detenidos con sustancias para consumo personal, un 35% se enfoca al comercio de drogas, y únicamente el 3,4% responde a causas de contrabando de estupefacientes. De esta manera se agotan recursos en detener a personas que luego de pasar por el sistema burocrático serán liberados por el juez de turno, ya que a través del fallo Arriola en 2009, la Corte Suprema de la Nación estableció que es inconstitucional castigar una persona por esa causa.
En síntesis las posibles alternativas frente al panorama esbozado deberían estar más cercanas a preocuparse por cambiar la forma en que se construyen las identidades, fundidas a fuego por la violencia y el acceso a las armas, y la redefinición de la presencia del Estado en aquellos lugares por los que las cámaras y los micrófonos sólo se prenderán cuando quieran buscar culpables.