El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, volvió a presentar un proyecto de ley tendiente a cortar el servicio telefónico a quienes llamen en broma al 911. Hace unos años se trató una iniciativa de este tipo pero nunca llegó al Senado. El gobierno advierte que es indispensable contar con una herramienta legal que permita sancionar a los irresponsables.
Se prevé modificar los artículos 25 y 59 de la Ley Nº 10.703 Código de Faltas de la provincia de Santa Fe. El primero de esos puntos establece la "suspensión del servicio telefónico" si la infracción fuere cometida mediante el uso de telefonía, fija o móvil; será un juez el que tendrá que disponerlo, con comunicación a la empresa prestataria del servicio telefónico. La otra modificación hace referencia al empleo malicioso de llamadas.
"Mientras los vecinos intentan comunicarse al 911 para denunciar un ilícito, hay cientos de ciudadanos que cada día ocupan esa línea para hacer bromas", manifestó el diputado y agregó: "La pena se aplicará al titular de la línea telefónica que provocare o intentare provocar, sin causa fundada, la concurrencia de la policía, del cuerpo de bomberos, defensa civil, servicios de emergencia o de cualquier otro servicio análogo a sitios donde no sea menester", propone el diputado. Asimismo, en la ley sería "obligación del titular del servicio de emergencia comunicar al juez competente la comisión de la presente infracción". En esos casos, el magistrado actuante "ordenará la suspensión del servicio telefónico por un término de hasta 30 días", cuando la llamada provenga de una línea móvil o una fija y su titular sea una persona física.
Por el contrario, "cuando la llamada provenga de una línea fija y su titular sea una entidad, institución o empresa, pública o privada, el juez resolverá respecto de la suspensión del servicio siguiendo las reglas de la sana crítica y de acuerdo al bienestar general".
La mayor cantidad de llamadas falsas al 911 provienen de teléfonos celulares a los que se les saca el chip, informó el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, a través de la Secretaría de Tecnología para la Gestión.