Cuatro testigos declararon hoy en el marco de la megacausa La Perla por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y cuyo principal imputado es el represor Luciano Benjamín Menéndez. José Antonio Apontes tenía en ese entonces 24 años y era miembro de la Comisión Directiva del Sindicato Trabajadores de Motores Diesel Perkins; adhería al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y actualmente se encuentra en condición de desaparecido.
"Yo tenía 17 años cuando tomamos noticias de la detención de mi hermano, en el departamento que subalquilaba en Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba". Apontes recordó que a partir de ese momento comenzó la búsqueda y cuando iban a las comisarías "te encontrabas con otra gente a la que les había pasado algo similar, y era una especie de rutina de lo que había que hacer, hábeas corpus, denuncias a organismos internacionales. Y te encontrabas con familiares de otras personas secuestradas y nos decían qué hacer, a quién escribir".
En otro momento de su testimonio recordó cómo vivió esta situación con su familia en la ciudad de Cruz del Eje en el norte provincial donde vivían. "En un pueblo chico el aislamiento es más fuerte y la estigmatización era muy fuerte. La gente miraba para otro lado, la iglesia se alejó de mi familia que no encontraba explicación. Hasta yo, que era buen alumno, era citado por el director cuando aparecían noticias de allanamientos o aparición de arsenales", dijo.
A partir de lo sucedido con su hermano, en 1978 cuando se radicó en la ciudad de Córdoba, Apontes fue Secretario de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y en 1984 integró el área de denuncias de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep).
Otro de los testigos fue Raúl Osvaldo Billar, quien fue detenido el 8 de marzo de 1976 por dos personas vestidas de civil que exhibieron credenciales de policías, quienes lo secuestraron en el Banco de la Provincia de Córdoba donde trabajaba.
Relató que entre tres y cuatro días lo tuvieron secuestrado en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), donde fue sometido a distintos tormentos en los que le pedían nombres de otros miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) donde militaba, además de la Mesa de Gremios en Lucha.
Tras recordar los nombres de distintos delegados bancarios que fueron secuestrados, precisó que la información para las patotas parapoliciales "surgía de la autoridad del banco y de sectores del sindicalismo que respondían al peronismo ortodoxo que por su metodología entreguista mantenían una confrontación política sindical muy intensa con los delegados de la organización social de base, todos perseguidos". También declaró Carlos Jerónimo Palacios, actualmente de 77 años, quien fue metalúrgico y según se definió, "era un estorbo para la patronal".
"Uno es obrero y lucha por ganar mejor. Lamentablemente siempre hay represión", agregó. Palacios fue secuestrado frente a su mujer y sus hijos el 15 de febrero de 1975 y durante su cautiverio fue llevado al D2, la alcaidía del cabildo, a las cárceles de UP1 y Sierra Chica.
Otro de los testigos fue María Soledad Martínez, en relación al destino de su hermano, José Agustín Martínez, empleado del Banco Roela, estudiante de Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), brazo universitario de Montoneros.
Fue secuestrado el 28 de enero de 1976 cuando salía de su trabajo y tras pasar por el centro clandestino de detención La Ribera, permanece en condición de desaparecido. Tras escuchar a los cuatro testigos, el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 a las 10.